Urdangarín al banquillo por malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental
NO SERÍA ENCAUSADO POR UN DELITO DE EVASIÓN FISCAL, YA QUE LA CANTIDAD SUPUESTAMENTE DEFRAUDADA NO SUPERA LA CUOTA MÍNIMA DE 120.000 EUROS QUE MARCA EL CÓDIGO PENAL
El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, será juzgado por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según informa ‘El País’ citando fuentes próximas a la investigación judicial del caso Nóos. Sin embargo, Urdangarín no será juzgado por evasión fiscal, ya que la cantidad supuestamente defraudada no supera la cuota mínima de 120.000 euros, establecida por la reforma del Código Penal de 2003.
La estrategia seguida por el duque de Palma de atribuir toda la responsabilidad de la gestión del Instituto Nóos y el entramado de empresas asociados a su ex socio, Diego Torres, no ha dado resultado. Es más, el juez instructor del caso,José Castro, rebate en su último auto la coartada de Urdangarín, según la cual se desvinculó de sus negocios tras la orden dada por la Casa del Rey en 2006. El juez asegura que existen numerosas pruebas documentales, así como testimonios, que acreditan lo contrario. El delito de fraude a la Administración hace referencia a los contratos del duque de Palma con los gobiernos balear y valenciano para hacerse con contratos sin respetar la normativa vigente. De este modo, Urdangarín y Torres se hicieron con casi seis millones de euros a través de Nóos. Castro y la Fiscalía Anticorrupción entienden que el duque de Palma y su socio se apropiaron indebidamente de fondos públicos al utilizarlos para enriquecerse y no para costar los servicios prestados a las administraciones autonómicas.
El delito de prevaricación, aunque está tipificado para autoridades o funcionarios que dictan resoluciones injustas a sabiendas, también se atribuye a particulares que hayan inducido a cometer dicho delito, como es el caso de las presiones de Urdangarín pudo haber ejercido sobre el ex presidente balear, Jaume Matas. Respecto al delito de falsedad documental, se basa en las facturas falsas o con fechas anteriores a las firma de contratos con la Administración. El delito de malversación se basa en que Urdangarín y Torres se quedaron con más de la mitad del dinero que recibieron de las arcas públicas balear y valenciana para enriquecer a sus empresas.
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