El Gobierno pretende castigar con penas de 3 a 6 años de prisión a los malos gestores públicos
El Ejecutivo quiere además endurecer las incompatibilidades para impedir casos como el de Elena Salgado
El Gobierno está estudiando que los malos gestores que despilfarran los recursos públicos puedan ser castigados con una pena similar a la de malversación de caudales públicos, una tipificación que se incluiría en la reforma del Código Penal que acompañará a la ley de Transparencia. Esta norma, que se quiere aprobar antes de que acabe marzo, recogerá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas).
En las actuales circunstancias de crisis económica el Gobierno quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista «especial gravedad» puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta. Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la justicia. Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno pretende incluir en la ley de Transparencia un endurecimiento de las incompatibilidades de los ex altos cargos, sobre todo de los ministros, a raíz de lo sucedido con la ex vicepresidenta Elena Salgado, con su incorporación a la filial de Endesa en Chile, Chilectra. La norma establece que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas».
En las actuales circunstancias de crisis económica el Gobierno quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista «especial gravedad» puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta. Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la justicia. Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno pretende incluir en la ley de Transparencia un endurecimiento de las incompatibilidades de los ex altos cargos, sobre todo de los ministros, a raíz de lo sucedido con la ex vicepresidenta Elena Salgado, con su incorporación a la filial de Endesa en Chile, Chilectra. La norma establece que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas».
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